En el día de ayer, el que fuera el jefe del centro de control y navegación aérea del aeropuerto de Santiago de Compostela, Pedro Garea, acudía al juzgado de instrucción número dos de la capital gallega donde estaba llamado a declarar por el proceso abierto contra los controladores aéreo del aeropuerto de Lavacolla a raíz del cierre del espacio aéreo español en el mes de Diciembre de 2010.
Pedro Garea, exculpaba de toda responsabilidad a los controladores aéreos del aeropuerto compostelano afirmando que “el cierre del espacio aéreo fue previsto con antelación” y que él mismo había recibido el aviso de que se iba a proceder a militarizar el servicio horas antes de que se ordenase el cierre del espacio aéreo español. Concretamente, afirma que fue a las 16 horas del 3 de Diciembre de 2010 cuando se pusieron en contacto con él para informarle de que se tomaría esa medida, algo que no se conocería y activaría hasta la madrugada. De este modo ponía a la luz en su declaración que la militarización estaba ya prevista incluso antes del cierre del espacio aéreo.
Fue el propio órgano gestor de los aeropuertos españoles, AENA-AEROPUERTOS, quien reconocía en sede judicial en Madrid que ningún controlador había abandonado sus puestos de trabajo tal y como si se afirmaba en las primeras horas de gestión del cierre del espacio aéreo. Unas declaraciones que a su vez contradicen a las que hacía públicas la señora Carmen Librero entonces diciendo que “el cierre del espacio aéreo se debe al abandono masivo de los puestos de trabajo por parte de los controladores“.
La justicia continúa llamando a declarar a todos los controladores del aeropuerto compostelano para conocer todas las versiones de lo ocurrido en esas fechas y ya ha revocado las sentencias condenatorias que se habían dictado en sentencias precedentes. Algo de justicia pero que no devolverá a los controladores compostelanos y del resto de España los angustiosos momentos que han tenido que vivir desde aquel entonces sabiéndose en el punto de mira de los ciudadanos por culpa de una gestión nefasta de una crisis aérea que se vivió entonces.
Desde entonces, los controladores siempre han mantenido su inocencia y afirmado lo que ahora la justicia les reconoce y es que habían sobrepasado notoriamente el número de horas y funciones a realizar por ley. Ahora solo falta conocer la sentencia final de este proceso judicial y ver si las manifestaciones de apoyo al controlador despedido en Santiago de Compostela dan sus frutos tras demostrarse que fue todo un guión pre-establecido desde las altas esferas.
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